Recientemente se ha dado un paso muy relevante para la criminología en España: se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado la proposición de ley que busca regular por primera vez la profesión del criminólogo/criminóloga en nuestro país.
Con el avance de esta iniciativa, que ha llegado al Congreso de los Diputados promovida por el grupo parlamentario Sumar, se abre un proceso legislativo cuyo objetivo es crear un marco jurídico claro y sólido para la actividad profesional criminológica, algo que hasta ahora no existía con precisión normativa en España.
Con el avance de esta iniciativa, que ha llegado al Congreso de los Diputados promovida por el grupo parlamentario Sumar, se abre un proceso legislativo cuyo objetivo es crear un marco jurídico claro y sólido para la actividad profesional criminológica, algo que hasta ahora no existía con precisión normativa en España.
¿Qué se propone exactamente?
La proposición de ley que se ha registrado —y cuyo texto ha sido publicado en el BOE— plantea, entre otras cosas:
- Definir la criminología como disciplina científica interdisciplinar que estudia las causas, la prevención, el control del delito y la desviación social, así como la intervención con víctimas e infractores.
- Establecer los requisitos académicos para ejercer: se propondrá que solo quienes cuenten con un título universitario oficial de Licenciatura o Grado en Criminología, o títulos equivalentes homologados, puedan ejercer profesionalmente.
- Delimitar funciones y ámbitos de actuación, con más de veinte áreas competenciales descritas en el articulado para el ejercicio profesional.
- Incluir la profesión en las administraciones públicas, asegurando que la figura del criminólogo/a esté presente en los cuerpos y servicios donde su intervención es relevante.
- Regulación de colegiación, ética y disciplina profesional, con un código deontológico y un régimen sancionador.
¿Por qué es importante esta regulación?
Hasta ahora, aunque la criminología se estudia oficialmente en las universidades españolas desde 2003 (con el título oficial de Licenciado/Grado), su ejercicio profesional no contaba con un estatus legal uniforme que fije sus competencias, condiciones formales o requisitos mínimos. Esto ha generado históricamente inseguridad jurídica, dificultad de acceso a determinados empleos —especialmente en la función pública— y ha limitado el reconocimiento formal de la profesión.
Con esta ley, el colectivo criminológico busca que su labor sea identificable, valorada y protegida —tanto en ámbitos públicos como privados— y que se evite el ejercicio de tareas especializadas por personas sin formación adecuada.
¿Qué sigue ahora?
Este anteproyecto no es todavía una ley definitiva: tras su publicación en el BOE como proposición de ley, debe tramitarse en el Congreso, debatirse en comisiones, recibir posibles enmiendas y, si finalmente es aprobada, avanzar hacia su sanción e implementación.