El artículo 24.2 de la Constitución Española (CE) establece la protección constitucional del derecho de defensa de todas aquellas personas a las que se le atribuya la comisión de un hecho delictivo (antes “imputados”, hoy llamados “investigados” o “encausados”), derecho que incluye la posibilidad de utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, entre otros.
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